La opinión pública y la Reforma Judicial, algunos datos.

Ulises Beltrán

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados de tres encuestas que mostraban una aprobación mayoritaría a la propuesta de selección de los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por la “elección del pueblo”.  Los resultados no sorprenden. Por un lado, la propuesta se basa en lo que en el estudio de la opinión pública llamamos “valence issues”, esto es, temas que no se evalúan por su contenido específico o por quien los propone, sino por su “valencia” positiva o negativa. Es decir, difícilmente encontraríamos una propuesta en la que el público preferiría su selección por algún otro método que no sea  por “la votación del pueblo” si se les presenta como alternativa. De ahí la constante y recurrente referencia “al pueblo” como recurso preferido por los políticos, sobre todo, obvio, los “populistas”. En segundo lugar, la propuesta se da en un contexto de amplio desconocimiento sobre la materia y sin consideración alguna sobre posibles consecuencias o riesgos asociados. En este breve ensayo me propongo revisar este apoyo a la reforma, pero a partir de informar a los entrevistados sobre la manera como se designa hoy a magistrados y jueces y sobre posibles consecuencias de su adopción. La ignorancia sobre el tema es amplia: 74 por ciento de la población entrevistada no sabe quién nombra a los ministros y a los jueces.

Para conocer opiniones sustentadas, incluimos en las preguntas de la encuesta información sobre los diversos aspectos específicos sobre lo que se le pregunta al entrevistado. Como se puede ver en las gráficas 2 a 4, el método actual recibe una amplia aprobación del público entrevistado.

La constitucionalidad de las leyes que aprueban los legisladores debe ser revisada por la Corte, aunque las apruebe la mayoría.

Una vez que explicamos a los entrevistado la manera como se sigue el procedimiento actual de selección de magistrados, también a una amplia proporción de los entrevistados le pareció una “buena manera de nombrarlos”.

Una vez que se explica lo que ocurre si el Senado no se pone de acuerdo sobre la pertinencia de nombrar a alguno de los candidatos y la decisión queda en el Presidente, la aprobación del actual método de selección aumenta con respecto a los rechazos anteriores, sube a 42%, pero a la mayoría le parece una mala manera de nombrarlos.

Defensores y cuestionadores de la reforma han señalado virtudes y riesgos de la reforma. En seguida, evaluamos dos principales: la idea de que la elección directa de los jueces disminuiría la corrupción y la crítica de que podrían acabar vinculados al crimen organizado. La idea de que la corrupción disminuiría es mayoritaria (54%), pero convive con un escepticismo amplio (41%).

El temor de la intervención del crimen organizado para influir en la elección de los jueces es claramente mayoritario (62%).

Después de confrontar a los entrevistados con estas dos ideas sobre posibles consecuencias de la reforma preguntamos sobre la aprobación de la propuesta. En la pregunta se suprimió la referencia al presidente y a la candidata electa para prevenir, en lo posible, que su aprobación influyera en la respuesta.

La propuesta es aprobada por una clara mayoría del 65% de la población entrevistada.

La encuesta se hizo por vía telefónica en una muestra aleatoria de 500 números telefónicos en los que se le aplico a la persona que contestó y aceptó la entrevista, cuidando que no se dieran sesgos grandes por edad y sexo y, posteriormente se ponderó para que los resultados se aproximen lo más posible a la distribución de la población. Cabe señalar que la población entrevistada por vía telefónica es, en general, una población con mayor escolaridad que la población general.